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Long-term rental rules in Andalusia (LAU)
Residential leases in Spain are governed by the LAU — with rules on contract duration and renewal, deposit limits, habitability and who pays which costs. Here is what owners and tenants in Andalusia need to know before signing, and the obligations that continue during the tenancy.
Applicable regulations
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Arrendamiento residencial de larga duración — LAU y zonas tensionadas
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda
El arrendamiento residencial de larga duración en España se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), actualizada por la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda. La duración mínima es de 5 años (7 si el arrendador es persona jurídica). A la fecha de verificación (2 de septiembre de 2026), Málaga ciudad no aparece entre las zonas declaradas de mercado residencial tensionado en la relación ministerial del segundo trimestre de 2026. Nerja y la Axarquía tampoco
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Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía
Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía
La Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, establece y actualiza el marco legislativo general de la vivienda en Andalucía. Regula, entre otras materias, la planificación y coordinación con el urbanismo, la vivienda protegida, la rehabilitación, la intermediación inmobiliaria y el régimen sancionador. Para los operadores de VUT, destaca especialmente la prohibición de destinar viviendas protegidas a usos turísticos o de alojamiento temporal, tanto en su totalidad como por habitaciones.
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STS 620/2026 — Sentencia del Tribunal Supremo: anulación del NRA y consecuencias operativas para VUT en España
Sentencia del Tribunal Supremo n.º 620/2026, de 19 de mayo de 2026, Sala Tercera (Sección Tercera) — ECLI:ES:TS:2026:2148 — recurso contencioso-administrativo n.º 143/2025 interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024
El Tribunal Supremo, en su sentencia n.º 620/2026 de 19 de mayo de 2026, anuló el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos (NRA/NRUA) establecido por el Real Decreto 1312/2024, al considerar que el Estado carecía de competencia constitucional para crearlo. La sentencia fue publicada en el BOE el 8 de junio de 2026, fecha desde la que empieza a correr el plazo de un año para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado (hasta el 8 de junio de 2027). La Ventanilla Única Digital (VUDA) y las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas permanecen en vigor.
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